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El Centro Jurídico Tomás Moro, solicita a la nueva Ministra de Sanidad y Política Social, la implantación de una verdadera política de protección a la familia y a la maternidad.

publicado a la‎(s)‎ 17 mar. 2012 8:05 por Tomás Moro

Madrid, a 20 de octubre de 2010.- En los últimos años, los poderes públicos están promocionando de forma diversa, y con gran derroche del erario público, el sexo sin reproducción, realizando campañas que subrepticiamente tratan de denigrar la maternidad, y de evitar la misma como si esta fuera un perjuicio para la mujer.

En este sentido, es necesario recordar que recientemente, el día 18 de octubre de 2010, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, estableciéndose entre sus objetivos el acceso gratuito (con cargo al presupuesto) a métodos anticonceptivos.

De igual forma, la L.O. 2/2010 ha configurado de facto el aborto como un derecho de la mujer, derecho ejercitable de forma gratuita para la mujer, aunque con cargo a los presupuestos públicos destinados al mantenimiento del Sistema Público de Salud.

Es decir, de las últimas novedades legislativas parece deducirse que toda mujer tiene derecho “a la sexualidad sin reproducción” haciéndose responsables los poderes públicos de garantizar de forma gratuita el acceso a dicho derecho.

Pues bien, tanto la igualdad ante la ley, como el libre desarrollo de la personalidad, ambos principios reconocidos constitucionalmente, han de conducir necesariamente al Estado a proteger la sexualidad reproductiva con el mismo vigor e intensidad que la sexualidad no reproductiva.

En este sentido, y teniendo en consideración el nuevo nombramiento como Ministra de Sanidad, Igualdad y Política Social de Doña Leire Pajín, desde el Centro Jurídico Tomás Moro reclamamos a la nueva Ministra que dado que su antecesora en el cargo fomentó, y protegió, no sólo la sexualidad no reproductiva, sino las consecuencias no deseadas de las misma, mediante la cobertura sanitaria gratuita de la práctica del aborto, y la costosa cobertura de las consecuencias físicas (muerte de la madre, incremento del riesgo de cáncer de mama, ovarios, hígado y cuello uterino, perforación de útero, desgarros del cuello del útero, placenta previa, posteriores embarazos de niños discapacitados provocados por abortos previos, embarazos ectópicos, afecciones inflamatorias pélvicas, endometritis), y psíquicas del aborto (trastornos por estrés post-traumáticos, disfunción sexual, planteamientos suicidas, problemas de alcoholismo y drogadicción, desórdenes alimenticios, abortos de repetición ...), la nueva Ministra proteja y fomente con la misma intensidad las consecuencias del sexo reproductivo.

En este sentido, coherente con la definición de Estado social y democrático de Derecho, y coherente con la defensa de la igualdad, es necesario que los poderes públicos permitan el acceso a la maternidad, de todas aquellas mujeres que por circunstancias sociales o económicas les resulta excesivamente gravoso la continuación del estado de gestación. Por todo ello, solicitamos a la nueva Ministra que implante políticas claras de protección y fomento de la familia, y políticas claras de protección a la maternidad.