Vista 14-09-2012

Apertura del juicio oral- cuestiones previas
Barcelona 14/09/2012 – En la Audiencia de Barcelona se ha celebrado la primera sesión del juicio contra abortos ilegales en el caso del doctor Carlos Morín, acusado de los delitos de asociación ilícita, 101 delitos de aborto y falsedad documental continuada. En dicho procedimiento figuran 11 imputados más por diferentes delitos de abortos ilegales, asociación ilícita, falsedad continuada en documento oficial e intrusismo profesional.

La primera vista de gran importancia procedimental se ha centrado en las cuestiones previas en las cuales se trata de centrar el debate jurídico que se sustanciará en las posteriores sesiones.

Si bien en las primeras investigaciones se investigo la posible comisión de 165 delitos de aborto, tras el tamiz de la nueva ley del aborto aprobada por el Partido Socialista Obrero Español dichos abortos quedaron concretados en el Auto de Apertura de vista oral en tan sólo 101 presuntos delitos de abortos ilegales. Con todo se sospechas que en las clínicas del doctor Morín se pudieron realizar desde su apertura más de 8.000 aborto (muchos de ellos legales – según las diferentes legislaciones vigentes en cada momento- y algunos presuntamente ilegales)

Tal y como los abogados del Centro Jurídico Tomás Moro y AES habían prevista antes de la celebración del juicio, las representaciones de los imputados solicitaron la nulidad del juicio por múltiples motivaciones, siendo los argumentos más repetidos por las defensas que el uso de las cámaras ocultas por parte de la televisión danesa y que motivo las primeras investigaciones ha de considerarse ilegal conforme a la última jurisprudencia y por tanto todas las posteriores actuaciones policiales y judiciales están viciadas. Ante dichas alegaciones tanto el Ministerio Fiscal como las defensas fueron claras al referir que es indistinto la forma en que se iniciaran las pesquisas policiales, dado que las imágenes de la televisión danesa son simplemente el inicio de unas investigaciones que acabaron por descubrir la realidad de una presunta trama delictiva.

En este sentido Javier Pérez- Roldán Suanzes, presidente y abogado del Centro Jurídico Tomás Moro refirió que “las garantías constitucionales solo afectan a la actuación de la policía y a la fase de instrucciones, no a la notitia criminis, es decir que las imágenes fueran conseguidas sin autorización judicial no afecta al proceso, pues dichas imágenes son previas a la actuaciones investigadoras, el juzgado ante la existencia de las mismas decida iniciar las investigaciones, y es en esta fase de instrucción donde se tienen que exigir las garantías constitucionales, no antes”

Igualmente, las defensas trataron de tachar de ilegales las intervenciones telefónicas realizadas, ilegalidad rechazada igualmente por las acusaciones.

Meritoria fue la intervención del Ministerio Fiscal que afirmo que “la legalidad del proceso está fuera de toda duda”.

Las defensas argumentaron machaconamente que dado que el inicio de las actuaciones se produjo por una grabación ilegal era necesario declarar la nulidad de todo lo actuado. En este sentido las acusaciones refirieron la existencia de varias querellas en varios juzgados, y si bien algunas fueron archivadas inicialmente, otras como la presentada por el Centro Jurídico Tomás Moro siguieron su curso, además los pertinentes recursos frente al archivo de AES y de e-cristians permitieron presentar un testigo protegido que es ex administrador de las clínicas y que entregó documentación detallada sobre las pacientes y el funcionamiento del negocio.

Igualmente la defensa trata de hacer valer otros archivos de actuaciones judiciales llevadas a cabo en Madrid por el Centro Jurídico Tomás Moro, argumentos invalidados por Javier Pérez- Roldán Suanzes que como acusación del propio Centro Jurídico refirió que los archivos de las actuaciones en Madrid por parte de diferentes juzgados se debieron a diferentes motivos procedimentales y de prueba completamente ajenos al caso actualmente enjuiciado.

Dada la controversia con respecto a las grabaciones de la televisión danesa la Fiscalía solicito la declaración como testigos de los periodistas daneses responsables del documental, petición que realizaron varias acusaciones en sus escritos respectivos pero que fueron rechazadas por la Sala que ahora está obligada a responder nuevamente a eta petición del Ministerio Fiscal.

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