Artículos‎ > ‎

¿Si no aplicamos la pena de muerte a los violadores por qué sí al fruto de la violación?


Joan Figuerola | opusprima.wordpress.com


El mundo, supuestamente civilizado, se horroriza cuando se anuncia la ejecución de un condenado porque se trata, sin duda, de un acto sanguinario. 

Ante la pena capital surge casi siempre, por fortuna, una gigantesca ola de indignación moral. Sin embargo, no hay unanimidad a la hora de defender el carácter absoluto de la vida humana y sí mucha incoherencia: pocos países se atreven a castigar con la pena capital a quien comete una agresión sexual pero sí son muchos, en cambio, quienes condenan a muerte al inocente nonato fruto de tal violación; respondiendo, así, a un mal con otro mal. Argentina se suma, ahora, a la ristra de Estados que no considera punible el aborto en caso de violación.

¿La humanidad progresa en humanitarismo cuando deroga la pena de muerte pero, al mismo tiempo, reclama el aborto no punible en determinados casos? La pena capital podría entenderse como el derecho a la legítima defensa contra la agresión injusta siempre que no existan otros medios, siempre preferentes y preferibles, para defender la seguridad de una nación. No obstante, el aborto nunca puede entenderse ni aceptarse por sentido común como un medio de legítima defensa. El ser humano, mediante la razón, siente el impulso natural de hacer el bien y de evitar el mal, pues esta ley natural resuena en su conciencia; sin embargo, ya que el hombre es libre puede elegir entre el bien y el mal y optará por este último cuando más alejado esté de Dios y cuando menor sea su libertad moral.

La pena de muerte es un fracaso de la humanidad, el aborto también. Terminar con la vida de un ser humano, en cualquiera de sus estadios, no debería ser una capacidad humana; sin embargo, el hombre puede decidir, porque lo hace, quién vive y quién muere. Que una persona pueda decidir la muerte de otra refleja nuestra degradación moral y antropológica, una degradación que manda al traste los derechos humanos en cuanto que su fundamento, la vida – la dignidad – de la persona, no es entendida como un absoluto que hay que reconocer y respetar, sino que se interpreta en función de determinados intereses que nada tienen que ver con el bien de la persona y el bien común. 

Los derechos proceden de la dignidad misma del ser humano y están basados y plasmados en la naturaleza trascendente de la persona, que permite a los hombres alcanzar su plenitud existencial. Sin embargo, hoy se encuentran secuestrados por intereses ideológicos que en muchas ocasiones revierten su carácter absoluto despojando a la persona de su dignidad con la legitimación, como supuesto derecho, del aborto y de la eutanasia. Así, ante este relativismo, en la Europa democrática no existe la pena capital pero el aborto, en cambio, supone la primera causa de mortalidad por delante del suicidio, de los accidentes de tráfico y de las enfermedades cardiovasculares. 

En un Estado reina la deshumanización y la barbarie cuando el aborto supone un derecho y no un atentado contra el mismo en cuanto que viola su fundamento, la vida humana. La vida, en efecto, es el antes lógico y ontológico para la existencia y especificación de los demás derechos porque sin ella no pueden darse ni conferirse los valores que de ella emanan. En este sentido no cabe ningún consenso ni ninguna negociación sino sólo el reconocimiento absoluto de la vida, en cuanto que la persona es un fin en sí misma y no un medio que puede desearse o no.